La mayor facilidad para viajar fuera de la isla debe ser respondida por los países de destino

La entrada en vigor en Cuba de la reforma migratoria ha causado aglomeraciones en las oficinas del DIE (Departamento de Inmigración y Extranjería) de todo el país. Muchos cubanos tienen ansias de salir, temporal o definitivamente. Ahora pueden hacerlo, hasta por dos años; les basta, por primera vez, con el pasaje de avión y un pasaporte que el Gobierno, previo pago, va a entregar sin exigir ya las tristemente famosas tarjetas blancas, el permiso de salida, y la carta de invitación. E incluso los que se marcharon de forma ilegal pueden volver, de visita o, lo que es menos probable, para quedarse. Es una de las reformas de mayor calado del régimen cubano de los últimos años.

No se trata de la caída de un muro, 23 años después del de Berlín, en uno de los pocos regímenes cerrados que quedan en el mundo. Si La Habana ha dado este paso no es en aras de la libertad, sino como consecuencia de su estrepitoso fracaso económico y social. El sistema castrista, incluso facilitando ahora la proliferación de autónomos, no tiene capacidad para dar empleo o siquiera alimentar a los cubanos. Por lo que ahora, tras impedírselo durante años, les incita a viajar, aunque sea para regresar con dólares o euros en sus bolsillos. Eso sí, se reserva la potestad de denegar el pasaporte por cuestión de “interés público” o de “defensa y seguridad nacional”, pues ya ha manifestado que evitará el “robo de cerebros”: que se vayan de la isla los mejor educados y preparados.

Aunque está por ver si cumple sus intenciones, el castrismo parece dispuesto a dejar salir a las Damas de Blanco para que acudan a recoger en el Parlamento Europeo su premio Andréi Sájarov, o a disidentes como Guillermo Fariñas. Es de esperar que la bloguera Yoani Sánchez, corresponsal de EL PAÍS y premio Ortega y Gasset de Periodismo, pueda finalmente viajar tras 20 denegaciones.

Un problema añadido para los cubanos es que salir de su país requiere que les dejen entrar en otro. En la inmensa mayoría de los casos —incluidos Estados Unidos y España— se les exige un visado de entrada, que ahora tendrán que solicitar los que adquieran el pasaporte. Muchos gobiernos han criticado al régimen castrista por no dejar marchar a sus ciudadanos; ahora que pueden hacerlo, no deberían cerrarles la puerta. Que haya un poco más de generosidad al otro lado del mar que muchos quieren atravesar.

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